¿Qué pasa en el Perú?

 

¿Qué pasa en el Perú?

(Será publicado en la revista Páginas 269) 

 

Madres aimaras con fotos de sus hijos muertos (REUTERS)

Raúl Pariamachi ss.cc.

El Perú atraviesa por una grave crisis. Quisiera aportar a la conversación abierta, desde el punto de vista de un ciudadano creyente que vive en Lima. Este artículo tiene su origen en una charla con jóvenes de la comunidad “Fratelli tutti” de la capilla “Artesanos de la paz” en Puente Piedra. Por lo tanto, tiene una orientación más pastoral que teórica. Espero que sirva como subsidio para el diálogo en grupos de Iglesia.

1. Una crisis larga y honda

La situación que vivimos actualmente en el Perú es la manifestación gravísima de una crisis larga y honda. Es larga porque habría que remontarse hasta los orígenes de la república. En efecto, uno de los grandes ideales de la independencia política del Perú está expresado en la voluntad de transitar del sistema colonial a un sistema republicano, en el que sus habitantes no fueran súbditos regidos por leyes discriminatorias, sino ciudadanos en igualdad ante la ley. Los inicios de la construcción de la nación fueron una ardua tarea, no solo por las discusiones sobre la mejor forma de gobierno (¿monarquía o república?), sino especialmente por las luchas intestinas, en las que prevaleció el interés propio por encima del bien común, al punto que entre 1821 y 1826 hubo cinco cabezas de gobierno. Los liberales criollos querían edificar el orden republicano. Se sentían llamados a asumir la conducción del Perú libre, asignando un lugar a la “plebe” y a los “indios”, de manera que se convirtieran en ciudadanos de una comunidad en la que el vínculo radical fuera el ejercicio de derechos civiles y libertades políticas. Como se sabe, el proyecto liberal tuvo pocos efectos en los sectores populares y en los pueblos originarios [1]. Al respecto, se suele decir que somos una república “inconclusa”. Cien años después, la visión del Perú estuvo representada por las agudas miradas de José Carlos Mariátegui y Víctor Andrés Belaúnde. Es curioso cómo estas perspectivas perviven en el imaginario popular [2]. Cabe recordar que Alberto Vergara ha argumentado que el país está definido por la distancia que media entre el éxito del proyecto neoliberal y el fracaso del proyecto republicano, dado que se priorizó la economía sobre la igualdad, el autogobierno y la ciudadanía [3].

La crisis también es honda, porque somos un país megadiverso, pluricultural y multilingüe. El Perú es parte de la lista de 17 países que juntos albergan el 70% de todas las especies reconocidas en el planeta, se extiende por la costa del Pacífico, los Andes y la selva amazónica. Al mismo tiempo, en el Perú milenario existen 55 pueblos indígenas y 47 lenguas originarias. Por supuesto, durante la república el (des)encuentro de culturas originarias, migrantes y modernas ha dejado sus huellas en el cuerpo social de la nación. Es cierto que celebramos que Machu Picchu sea una de las maravillas del mundo, estamos orgullosos por la gastronomía, los lugares arqueológicos y las danzas costumbristas, pero nos sigue costando reconocernos como miembros de una misma nación. En su momento, Carlos Iván Degregori advirtió precisamente que para construir una nación pluricultural “el primer paso es asumir, reconocer y convertir en un activo la enorme heterogeneidad cultural del país” [4]. Como una plataforma alternativa al paradigma oligárquico excluyente y al paradigma populista homogenizador, propuso cuatro ejes: la lucha contra la pobreza y la inequidad; la descentralización; la protección ecológica y tecnológica; y poner fin a la discriminación cultural, el no reconocimiento y la exclusión.

Volviendo a la crisis actual, es oportuno considerar los antecedentes más cercanos. Luego de la crisis política que acabó con la renuncia de Alberto Fujimori (2000), tuvimos cuatro gobiernos con sucesión normal: Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. La inestabilidad comenzó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó un año y ocho meses; seguido por Martín Vizcarra (dos años y ocho meses), Manuel Merino (cinco días) y Francisco Sagasti (ocho meses). Si consideramos el hecho de que Pedro Castillo gobernó un año y cuatro meses, y que Dina Boluarte es la presidenta desde diciembre del año pasado, entonces veremos que hemos tenido seis presidentes en los últimos cinco años: penosa muestra de la gravedad de esta crisis.

Las causas próximas de la explosión de la crisis radican en el proceso electoral del 2021. La fragmentación en la primera vuelta, en la que compitieron dieciocho candidatos a la presidencia, teniendo como resultado el pase a segunda vuelta de Pedro Castillo, con el 19% de votos válidos (15% de los emitidos), y de Keiko Fujimori, con el 13% de votos válidos (10% de los emitidos); es decir, juntos obtuvieron el 32% de votos válidos (25% de los emitidos). La polarización en la segunda vuelta, que llevó el voto progresista hacia Castillo y el voto conservador hacia Fujimori. Finalmente, Castillo venció a Fujimori por un estrecho margen: solo 44,200 votos (el 0.25% de los votos). La elección dejó heridos en el camino, a tal punto que los perdedores denunciaron un supuesto fraude, inventando una narrativa que perdura hasta nuestros días en ciertos sectores.

Los factores que desencadenaron la crisis son la dura oposición y el débil gobierno de Castillo. Como se dice, la derecha quedó con sangre en el ojo, negándose a aceptar que la voluntad popular había puesto a Castillo en el palacio de gobierno: desde el primer día trató de sacar al presidente. Por otra parte, el gobierno se caracterizó por la precariedad, la corrupción y la incapacidad. En efecto, el gobierno fue inestable desde el inicio, porque no tenía una bancada leal en el Congreso, de manera que para sobrevivir Castillo repartió “cuotas de poder” (ministerios, embajadas, obras, instituciones y empresas) a los partidos políticos y a su entorno chotano, con el agravante de que estos hicieron -en muchos casos- un mal uso del poder. En tal sentido, se acumularon serios indicios de corrupción, al punto que Castillo sumó hasta ocho investigaciones fiscales por supuestos delitos de corrupción. Al mismo tiempo, el gobierno caminó bajo la sombra de la ineficacia, como mostraba el hecho de que en 495 días de gobierno designó a 78 ministros en 19 ministerios; es decir, un promedio de cuatro ministros por ministerio. Mientras tanto, un Congreso rápidamente desacreditado pretendía vacar a Pedro Castillo a cualquier precio. Era cuestión de tiempo, más temprano que tarde la bomba estallaría en el corazón del poder.

2. Las protestas en el país

El 7 de diciembre del año pasado, en un acto que está por aclararse, Pedro Castillo anunció inconstitucionalmente la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia, pretendiendo establecer un régimen de excepción que gobernase por decretos ley. En pocas horas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional señalaron que no acataban la decisión tomada por Castillo, el Congreso declaró la vacancia de la presidencia de la República y la vicepresidenta Dina Boluarte juró como presidenta siguiendo la sucesión constitucional. Una buena parte de los congresistas celebraron eufóricamente la vacancia y la presidenta asumió el cargo precisando que gobernaría hasta el 2026. Mientras tanto, Castillo había sido detenido en “flagrancia” cuando intentaba asilarse en la embajada de México. En un exceso de optimismo muchos pensaron que la intentona del autogolpe de Castillo sería repudiada masivamente y que la presidenta Boluarte contaría con un apoyo significativo de la población peruana. Se olvidaba que Castillo terminaba con cerca del 30% de aprobación y que el Congreso tenía casi un 90% de desaprobación; además, que las encuestan referían que, en caso que el presidente fuera vacado, la población preferiría que se convocara a elecciones generales (presidente y congresistas).

Las primeras encuestas, hechas entre el 9 y el 16 de diciembre, ayudan a entender mejor los hechos [5]. Para el 26% de los encuestados el desempeño de Pedro Castillo como presidente había sido muy bueno o bueno (IEP 1). Su intento de disolver el Congreso era aprobado por el 44% (IEP 1) o el 33% (IPSOS 1). Por su parte, la aprobación del Congreso era del 15% (IEP 1) o del 13% (IPSOS 1). Solo el 27% estaba de acuerdo con que Boluarte asumiera la presidencia (IEP 1). Aunque era temprano, solo el 21% aprobaba su gestión (IPSOS 1). Consultado sobre el adelanto de elecciones generales, se mostraba de acuerdo el 83% (IEP 1) o el 85% (IPSOS 1). Estos contundentes resultados seguían ignorados por el Congreso y la presidenta. La intención de protestar en favor del adelanto de elecciones era del 71% y en apoyo del expresidente Castillo del 40% (IEP 1) [6].

Los enfrentamientos durante las protestas ocasionaron los primeros fallecidos el 11 de diciembre del año pasado. Tomar una posición frente a estas protestas era complejo. En principio, porque en la crisis desatada había responsabilidad de ambos lados, tanto del sector que siempre quiso vacar a Castillo a cualquier precio, como del propio expresidente que fue protagonista de una intentona golpista. En este contexto, no era sencillo adherirse a una demanda consolidada en la que se pedía no solo adelanto de elecciones, sino además asamblea constituyente, cierre del Congreso, renuncia de Boluarte y libertad de Castillo. El crecimiento de las protestas fue complejizando la situación. Los militares y los policías hicieron un uso desmedido de la fuerza, ocasionando muertos y heridos especialmente en la zona sur del país [7]. Al mismo tiempo, en las manifestaciones hubo actos violentos contra personas, instituciones o empresas. Se alimentaba la versión de que detrás de las protestas estaban el terrorismo, la minería ilegal y el narcotráfico.

Un mes después de iniciarse el gobierno de Boluarte y de las sucesivas protestas, se hicieron otras dos encuestas. La aprobación de Boluarte era del 19% (IEP 2) o del 20% (IPSOS 2). Por su parte, la aprobación del Congreso era del 9% (IEP 2) o del 14% (IPSOS 2). La encuesta del IEP 2 preguntó por las protestas de diciembre y de enero por separado. El 60% justificaba las protestas de diciembre. El 58% consideraba que hubo excesos de las fuerzas del orden. Según los encuestados, los actores principales de las protestas eran: grupos de ciudadanos espontáneos u organizados (44%), grupos violentistas o vinculados a grupos terroristas (27%) o grupos vinculados a economías ilegales (13%). El 50% se sentía identificado con las protestas de enero. Pero no se justificaban formas de protestas que implicaran: atacar edificios públicos (90%), tomar aeropuertos (82%), agredir a las fuerzas del orden (81%), impedir que los negocios funcionen (74%) y bloquear carreteras (68%). Se constata cómo algunas opiniones estaban divididas.

Para entender mejor las protestas podemos enfocarnos en el caso de la región de Puno, donde hubo 17 fallecidos en una sola jornada (Juliaca). Al respecto, cabe recordar que en la segunda vuelta Pedro Castillo obtuvo el 89% en Puno, el 85% en Huancavelica, el 83% en Cusco, el 83% en Ayacucho y el 81% en Apurímac (donde se concentraron las protestas). Una de las mejores ideas fuerza sobre la crisis es aquella con la que José Carlos Agüero abre un artículo: “Hacer política desde el desprecio trae consecuencias graves” [8]. En efecto, sabemos la indignación que produce el sentirse “ninguneados” por los demás. En esta línea, Agüero se refiere al Castillo símbolo con el que las personas se identifican porque es “uno como nosotros”. Las protestas en Puno no se entienden fuera de la historia y la cultura de los pueblos andinos. Al respecto, excelentes ejemplos de acercamientos a los sucesos “desde la otra orilla” han sido las entrevistas de Augusto Álvarez Rodrich a Liubomir Fernández [9] y de Rosa María Palacios a Jaime Calapuja [10].

Mirar las protestas de Puno por dentro permite apreciar la capacidad ancestral de las comunidades aimaras y quechuas para la organización, la reciprocidad y la resistencia, descartando las explicaciones de las manifestaciones que solo se refieren a los “vándalos”, la infiltración boliviana, el terrorismo, la minería ilegal y el narcotráfico. La minimización de las protestas hizo crecer la indignación, aumentada con la militarización de la ciudad. En las protestas destacó el liderazgo de las mujeres, así como la participación de muchas comunidades campesinas, comerciantes y transportistas. Era increíble cómo desde afuera se pretendía simplificar el hecho diciendo que se trataba de unos pocos vándalos dirigidos por grupos terroristas. No se quería admitir que se trataba de miles de personas con rostro, que se movilizaban con sus propios recursos a partir de decisiones colecticas. No obstante, se debe decir que también hubo excesos de parte de los protestantes; de hecho, el hallazgo de un joven policía que habría sido quemado vivo está por aclararse. En este contexto, se ha recordado el libro La batalla por Puno de José Luis Rénique, “una invitación a pensar la historia contemporánea del Perú desde la inmensidad de su gran altiplano interior” [11], que -como alguien dijo- trata de acercar Puno al país y el país a Puno.

El punto más crítico se alcanzó con la llegada de personas del sur del país a Lima, al mismo tiempo que rebrotaban las protestas en otras regiones. El libreto de la presidenta continúa siendo el mismo: son vándalos que quieren crear el caos; es decir, se concentra en deslegitimar las protestas fijándose en los actos violentos [12]. Se hace insoportable que pretenda evadirse de toda responsabilidad por los fallecidos. En realidad, a estas alturas Boluarte parece atrapada en su propia telaraña, dependiendo de la mayoría del Congreso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, siendo cada vez menos creíble. Mientras tanto, aumentan no solo los muertos y los heridos, sino también las pérdidas económicas a causa de carreteras bloqueadas, infraestructuras dañadas y actividades paralizadas, que además ocasionan desabastecimiento de combustible y escasez de alimentos. La última encuesta (IEP 3) indica que se mantiene el porcentaje de personas que justifican las protestas (59%) y que creen que hubo excesos de parte de las fuerzas del orden (56%).

3. La polarización social

Cuando se habla de esta crisis en conversaciones cotidianas suele surgir la alusión a la polarización social en el país, así que es conveniente detenerse un poco en este tema. En efecto, recuérdese que según la encuesta del IEP 2, el 60% justificaba las protestas de diciembre y el 35% no las justificaba, en tanto que el 50% se identificaba con las protestas de enero y el 46% no se identificaba. El 58% opinaba que hubo excesos de parte de las fuerzas del orden ante las protestas de diciembre y el 26% que manejaron apropiadamente las mismas. El 44% opinaba que los actores más importantes de las protestas de diciembre eran grupos de ciudadanos espontáneos u organizados, mientras el 40% opinaba que eran grupos violentistas o vinculados a terroristas (27%) y grupos ligados a economías ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal (13%). No cabe duda de que estas percepciones son el resultado de la circulación de información a través sobre todo de los medios y las redes, que concurren para que los ciudadanos se formen una opinión.

En la situación crítica actual habría que hablar tal vez de tendencias polarizadoras. En cierto sentido se trata de una polarización ideológica, porque en los extremos se sitúan los identificados sea con la ultra izquierda o con la ultra derecha, que son corresponsables de la crisis. Pero esta polarización es sobre todo social, identitaria y territorial, porque se traduce en “pobres” vs. “ricos”, “indígenas” vs. “blancos”, “provincianos” vs. “limeños”, etc. Por supuesto, también tiene un marcado componente afectivo, cargado de hostilidad. Hablo de tendencias, porque evidentemente se presentan posiciones intermedias que no caen en los extremismos ni de un lado ni del otro, pero que podrían polarizarse conforme se agudice el conflicto social, deviniendo en fanatismo o sectarismo.

En realidad, la polarización se comprende mejor cuando se vincula con la llamada “posverdad” (post-truth); es decir, esas circunstancias en que la apelación a las emociones y a las creencias pesa más que los hechos objetivos en la formación de la opinión pública. Se presenta en el ámbito de la comunicación política. En la crisis que atraviesa el país ha quedado en evidencia que los políticos tienen la pésima costumbre de mentir con cinismo, atentando contra el derecho de los ciudadanos a la verdad. Las personas polarizadas están tentadas a rechazar los hechos que no encajan bien con sus creencias [13]: circulan mensajes (¿pruebas?) contradictorios sobre los mismos hechos, con noticias falsas, frases aisladas, videos armados, audios editados, fotos trucadas, etc. Las redes son cajas de resonancia en las que solo se escucha el eco de la propia voz [14]. El politólogo Manuel Arias ha calificado el hecho como tribalismo moral, “un sesgo emocional que nos lleva a aceptar las noticias falsas favorables a los nuestros y a rechazar las que benefician a ellos” [15].

En su encíclica Fratelli tutti, el papa Francisco se ha referido también a este tema. En un apartado titulado “información sin sabiduría”, advierte que la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad, pero siendo conscientes de que vivimos en una época en la que todo se puede producir, disimular o alterar, creando el hábito de separar lo que me gusta de lo que no me gusta. Francisco dice que, al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todas las cosas en tecleos ansiosos y mensajes rápidos, se termina poniendo en riesgo la estructura básica de una sabia comunicación humana, “se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no se pueda controlar o conocer superficial e instantáneamente” (n. 49).

Desde la psicología moral, Jonathan Haidt propone un modelo intuicionista social del juicio moral, que postula que cuando emitimos un juicio moral las intuiciones ocurren primero y el razonamiento vienes después [16]. Usa la metáfora del jinete en un elefante para referirse a la interacción entre procesos controlados y procesos automáticos: el jinete es hábil en la creación de explicaciones ad hoc para lo que el elefante acaba de hacer, y es bueno encontrando razones para justificar lo que el elefante hará a continuación. Es como si tuviésemos un portavoz interno que justifica automáticamente todo. Esta teoría podría servir para entender por qué es tan difícil ponernos de acuerdo, también en el contexto de la crisis actual. Al respecto, Haidt dice que “la manera principal que usamos para cambiar de opinión sobre cuestiones morales es interactuar con otras personas” [17]. En realidad, los otros pueden desafiarnos y darnos razones que generen nuevas intuiciones, haciendo que cambiemos de opinión… de vez en cuando el elefante escucha al jinete.

4. La posición de la Iglesia

Decía antes que no ha sido sencillo asumir una posición en este conflicto, tampoco para la Iglesia; me refiero a obispos, congregaciones religiosas o movimientos eclesiales. En un ambiente tan polarizado siempre es difícil decir algo o hacer algo sin ser criticados. Sin embargo, conforme se agravaba la crisis se empezaba a tomar posiciones, sobre todo a medida que se sumaban los muertos. Por supuesto, una forma sencilla de medir el pulso de la calle es revisar las redes, en las que circulaban mensajes de personas explícitamente creyentes, que tomaban partido o se mantenían neutrales. En el primer caso, se mostraban a favor de las protestas de la gente o de las medidas de este gobierno, con frases similares a las demás personas, aunque reforzadas con una cita de la Biblia, de la doctrina social o del papa Francisco. En el segundo caso, se mantenían neutrales pidiendo que se detuviera la violencia “de ambas partes” y orando por la paz en el Perú. En algunos casos, apareció la polarización como un fenómeno interno en la propia Iglesia.

Otra forma de acercarse a las posiciones de la Iglesia es leer los pronunciamientos que han circulado. He seleccionado aquí un primer grupo de pronunciamientos que fueron publicados entre el 9 y el 12 de enero, después de los trágicos sucesos de Juliaca (Puno) [18]. La muerte de casi 20 personas en Juliaca se convirtió en un punto de quiebre para algunos sectores de las comunidades de fe en el Perú. Mi análisis considera las citas inspiradoras, las reacciones ante los sucesos, la palabra sobre las acciones de la gente que protesta, la palabra sobre las acciones de las fuerzas del orden, los pedidos que se hacen y algo más sobre los pueblos andinos. Después me referiré a un segundo grupo de pronunciamientos que se publicaron cuando las manifestaciones arreciaron en Lima.

En el primer grupo de diez pronunciamientos, las citas inspiradoras se refieren a Ex 20, 13: No matarás (2); Gn 4, 9: ¿Dónde está tu hermano? (1); Gn 4, 10: La sangre de tu hermano clama (1); Mt 5, 9: Dichosos los que trabajan por la paz (1); Ef 4, 31-32: Sean buenos unos con otros (1). Se cita la encíclica Fratelli tutti del papa Francisco: n. 191: La prioridad del ser humano (2) y n. 178: La grandeza política (1). Se incorporan frases como “Dios escucha los gritos de los excluidos” (1), “la paz es el fruto de la justicia” (1) o “la vida es el don más preciado (1). Los documentos coinciden en el rechazo de la violencia, el dolor por los muertos y los heridos (en dos casos se explicita que son civiles y policías), y la solidaridad con las familias. Dos emplean la palabra “asesinato” y solo uno habla de “genocidio”. Con respecto a las acciones de la gente que protesta, nueve advierten acerca de la desnaturalización del derecho a la protesta, insistiendo en que toda protesta debe ser pacífica, sin atacar personas, infraestructuras o propiedades. Con respecto a las acciones de las fuerzas del orden, nueve señalan explícitamente un uso desmedido, indiscriminado o desproporcionado de la fuerza. Las instituciones exigen, invocan o llaman a buscar una salida dialogada a la crisis, detener la violencia, investigar y sancionar a los responsables, etc. En dos pronunciamientos (de comunidades religiosas que habitan en Puno) se habla de los pueblos andinos, de su cosmovisión, sabiduría, organización, reciprocidad, lucha, resistencia y esperanza; al mismo tiempo que se lamenta el desprecio descarado de parte de los gobernantes. En otro se rechaza el estigma de “terroristas”. En ninguno aparece la adhesión explícita a alguna demanda específica de los que protestan.

Un segundo grupo está conformado por tres pronunciamientos de los obispos entre el 20 y el 23 de enero [19]. En el primero, de la Conferencia Episcopal Peruana, se enfatizan las afirmaciones del documento anterior; en realidad la única novedad es que los obispos ofrecen su servicio para mediar. En el segundo, el obispo de Juli se dirige a la presidenta de la República y al presidente del Congreso para suplicar, implorar y rogar que muestren un signo visible para frenar la terrible ola de muertos y heridos, evitando así todo tipo de represión y violencia: exhorta para que a la brevedad posible se expresen de manera clara sobre el pedido del pueblo. La carta abierta de monseñor Ciro Quispe destaca por su estilo directo. En el tercero, obispos de cinco jurisdicciones eclesiásticas del altiplano peruano hacen un llamado al Congreso de la República para que encuentre una solución inmediata al pedido que realizan los hermanos y las hermanas. En realidad, estos dos últimos textos se distinguen por el aumento del tono de sus llamadas.

Crisis tan complejas como esta ponen a prueba la aplicación de las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia (DSI), dejando en evidencia que en la enseñanza de la DSI se suele poner el énfasis más en la transmisión de los contenidos que en el aprendizaje de una hermenéutica. Es lamentable que en muchas ocasiones la gente se limite a reforzar sus posiciones ya tomadas con una u otra cita de la DSI, en vez de hacer un discernimiento honesto. En el fondo, está en juego una forma de relacionar la religión y la política, siendo un caso privilegiado el conflicto entre los modelos de participación de los católicos en la política, como se apreció en la segunda vuelta entre Castillo y Fujimori. Finalmente, está el debate no solo sobre los alcances y los límites de los pronunciamientos de los obispos, sino también sobre la opinión pública dentro de la Iglesia.

5. ¿Una salida a la crisis?

En principio, tratemos de sintetizar el estado de la cuestión. El primer elemento a considerar es que estas protestas tienen un carácter más político que social, con una marca identitaria, en el sentido de que las demandas son políticas en relación con la democracia (se equivoca la presidenta Boluarte cuando ofrece bonos, títulos y obras en las regiones): los manifestantes no están pidiendo favores sino exigiendo respeto en términos políticos. El segundo elemento es la reacción de la clase política: la estrategia del gobierno y de sus aliados en el Congreso se sintetiza en el binomio “terruqueo” [20] y represión: concentrarse exclusivamente en los actos violentos de las manifestaciones para deslegitimar la protesta, asociándola siempre con el vandalismo, el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal o la infiltración extranjera. El tercer elemento radica en las dificultades para abrir una salida a través del diálogo entre ambas partes, porque -por un lado- ni el gobierno ni el Congreso están dispuestos a ceder en algo (por ejemplo, en la renuncia de la presidenta o el adelanto de las elecciones), y -por otro lado- los ciudadanos que protestan no tienen representantes que se sienten a la mesa de diálogo con la otra parte. La crisis parece sin salida, el gobierno confía en desgastar las protestas que llevan casi dos meses.

En todo caso, el pronóstico de la evolución de la crisis es reservado, porque hasta el momento no existen condiciones para el diálogo sincero; al respecto, se debe distinguir entre eventuales soluciones coyunturales y estructurales a la crisis.

Las demandas originales eran el adelanto de elecciones, la asamblea constituyente, el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte y la libertad de Castillo (algunos hablaban de la restitución de Castillo en la presidencia). Sin duda, la demanda con mayor apoyo de la ciudadanía es el adelanto de elecciones, aunque se discrepe si deben realizarse el 2023 o el 2024. El Congreso todavía no define si las elecciones serán en el 2023 o el 2024. En muchos casos, las discusiones de los congresistas revelan por qué se han ganado a pulso el menosprecio del pueblo; tanto en la derecha como en la izquierda no se aprecia la buena voluntad para salir de la crisis, sino solo el empeño de ganar en el juego de las estrategias. El problema es que el pedido de la renuncia de Boluarte ha crecido debido al número de muertes y a la forma en que se dieron, al punto que se ha convertido en una condición no negociable. Las demandas del cierre del Congreso, la asamblea constituyente y la libertad de Castillo siguen teniendo su peso entre la población [21]. La salida a la crisis podría darse como efecto de una negociación -que ahora parece poco viable- o como consecuencia de la presión o el desgaste de las protestas. La evolución de la crisis podría ser todavía peor si las protestas y la represión siguen prolongándose en el país.

En el mejor de los casos el problema de fondo no estará resuelto, porque se deben considerar algunas soluciones estructurales a la crisis. Entre otras habrá que señalar aquí las reformas políticas, para evitar que más tarde terminemos en una situación igual o peor. El problema es que este Congreso no está legitimado para hacer ninguna reforma, porque siempre está la sospecha o la evidencia de que detrás de cada reforma solo radica el interés del propio grupo. En cualquier caso, desde diferentes ámbitos se han propuesto una serie de reformas que tendrían que ser analizadas, aprobadas y cumplidas en los próximos años; por ejemplo, el impedimento de postular a las personas sentenciadas por algunos delitos, la realización de elecciones internas en los partidos (a cargo de la ONPE), la eliminación del voto preferencial para el Congreso, la elección de congresistas en la segunda vuelta, el pase a segunda vuelta de los tres candidatos presidenciales más votados, la reinstalación de la bicameralidad en el Congreso (diputados y senadores), la renovación del Congreso por mitades (elecciones a mitad del período), la eliminación de la figura constitucional de la vacancia presidencial, la regulación de la cuestión de confianza que hace el Ejecutivo y la fiscalización del financiamiento del Estado a los partidos.

Cierro este artículo mientras muchos ciudadanos se suman a las manifestaciones de las personas que llegaron hasta Lima. La respuesta del gobierno ha sido militarizar la ciudad: un sector condena la decisión y otro la aplaude. Quizás cuando este artículo llegue a las manos de los lectores, la presidenta Dina Boluarte haya renunciado y/o las elecciones se hayan adelantado, o tal vez la crisis social se siga prolongando.

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[1] Cf. Rolando Rojas, La república imaginada. Representaciones culturales y discursos políticos en la época de la independencia, 1ª Reimp. (Lima: IEP, 2018).

[2] José Carlos Mariátegui decía que el Perú costeño -como heredero de la conquista- dominaba al Perú serrano desde Lima; por tanto, la unidad peruana estaba por hacerse, atendiendo a la dualidad de raza, lengua y sentimiento nacida de la invasión [cf. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, 60ª Ed. (Lima: Amauta, 1994), p. 206]. Por otra parte, Víctor Andrés Belaúnde defendía la convivencia y la fusión entre las razas española e indígena, siendo el mestizo un vínculo entre la costa y la sierra, de modo que había que completar la obra de síntesis en el Perú [cf. La realidad nacional, 3ª Ed. (Lima: P. L. Villanueva, 1963), p. 79].

[3] Cf. Alberto Vergara, Ciudadanos sin República. De la precariedad institucional al descalabro político, 2ª Ed. (Lima: Planeta, 2018), véase el prólogo a la segunda edición.

[4] Carlos Iván Degregori, “Perú: identidad, nación y diversidad cultural”, en Patricia Oliart (ed.), Territorio, cultura e historia: materiales para la renovación de la enseñanza sobre la sociedad peruana (Lima: IEP, 2003), p. 220.

[5] Hago referencias a cinco encuestas: IEP 9-14 diciembre 2022 (en adelante IEP 1), IPSOS 15-16 diciembre 2022 (en adelante IPSOS 1), IEP 7-12 enero 2023 (en adelante IEP 2), IPSOS 12-13 enero 2023 (en adelante IPSOS 2) e IEP 21-25 enero 2023 (en adelante IEP 3).

[6] En el sur del país la intención de protestar en favor del adelanto de elecciones subía al 86% y en apoyo del expresidente Castillo al 63% (IEP 1).

[7] Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, al 31 de enero se registran 58 fallecidos: 47 civiles, en enfrentamientos; 10 civiles, por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo; y 1 policía, por hechos de violencia en el contexto del conflicto.

[8] https://www.noticiasser.pe/desprecio (visitado el 29 de enero del 2023).

[9] https://www.youtube.com/watch?v=QpTFf7v4uSY&ab_channel=LaRep%C3%BAblica-LR%2B (visitado el 29 de enero del 2023).

[10] https://www.youtube.com/watch?v=52N12gmG8z8&ab_channel=RadioSantaRosa (visitado el 29 de enero del 2023).

[11] José Luis Rénique, La batalla por Puno. Conflicto agrario y nación en los Andes peruanos 1866-1995, 2ª Ed. (Lima: La Siniestra, 2016), p. 34.

[12] El Nuncio Apostólico en el Perú sostuvo, en su saludo protocolar a la presidenta Dina Boluarte, en representación del cuerpo diplomático: “Los manifestantes son principalmente pobladores de las regiones rurales, urbano-populares y amazónicas que por años han sido “invisibilizados”, o marginados o postergados, desconociéndose sus derechos ciudadanos" (25 de enero del 2023).

[13] Cuando quedó en evidencia que el presidente Donald Trump no había dicho la verdad al afirmar que su acto de investidura había congregado más personas que el de Obama cuatro años antes, su consejera Kelly Conway adujo la existencia de “hechos alternativos” (!).

[14] Frente a la pandemia de la posverdad, Guadalupe Nogués propone como antídoto “una bomba de comunicación orientada por la empatía y alimentada por evidencia”.

[15] Manuel Arias Maldonado, “Informe sobre ciegos: genealogía de la posverdad”, en Jordi Ibáñez Fanés (ed.), En la era de la posverdad. 14 ensayos (Barcelona: Calambur, 2017), formato Kindle.

[16] Cf. Jonathan Haidt, La mente de los justos. Por qué la política y la religión dividen a la gente sensata (Barcelona: Planeta, 2019), pp. 55ss.

[17] Haidt, La mente de los justos, p. 109.

[18] Conferencia Episcopal Peruana (9 de enero). Monasterio Benedictino de la Resurrección (10 de enero). Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena: Hermanas Lauritas (10 de enero). Conferencia de Religiosos(as) de Juli y Puno (11 de enero). Conferencia de Religiosos(as) del Perú (11 de enero). Líderes y lideresas de la comunidad evangélica (11 de enero). Movimiento de Profesionales Católicos y Unión Nacional de Estudiantes Católicos (11 de enero). Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna (11 de enero). Compañía de Jesús (12 de enero). Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado (12 de enero).

[19] Conferencia Episcopal Peruana (20 de enero). Obispo de Juli (21 de enero). Obispos de Ayaviri, Huancané, Juli, Puno y Sicuani (23 de enero).

[20] Terruqueo: práctica que consiste en asignar a un adversario las connotaciones de ser afín a ideas o actos terroristas, con el propósito de desprestigiarlo como persona o de invalidar su discurso; es una estrategia que utiliza el miedo al terrorismo para obtener rédito político (cf. Wikipedia).​

[21] Según la encuesta del IEP 3, el 75% está de acuerdo con la renuncia de Dina Boluarte, el 74% con el cierre del actual Congreso, el 73% con las elecciones generales en este año, el 69% con la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el 43% con la libertad de Pedro Castillo.